LAS HERIDAS DE UN SUE@O TRUNCADO.Campesinos se consuelan en medio de la tragedia.

* Claudia Núñez/ claudia.nunez@laopinion.com |
* 2010-01-11
* | La Opinión de Los Angeles, CA.


MEXICALI, Baja California.— La encontraron aferrada a un bultito de cobijas empapado en sangre. Su cuerpo de 20 años logró lo que nadie creería: salvar a su bebé de la lista de 14 campesinos muertos, un milagro dicen algunos, aunque quizás Reinalda Torres nunca lo sabrá.

"Le quedan días, a lo mejor horas. Me dijeron que tiene muerte cerebral y que me quede pa’llevarme el cuerpo", platica Carlos García, esposo de Reinalda.

Su voz se pierde con el llanto de Elías. Desde el día del accidente, el bebé se rehúsa a que lo carguen y llora sin parar. Carlos hace malabares para darle de comer trozos de huevo, pero también para calmar su dolor.

Su esposa e hijo salieron del Valle de San Quintín huyendo de un salario de tres dólares al día que no frena el hambre. Él los alcanzaría en un mes. Ahora con cinco monedas de un peso en la bolsa, no sabe cómo regresar.

No es el único. Desde la madrugada del 2 de enero, cuando un autobús con 35 jornaleros agrícolas que se precipitó a un barranco en el sector de La Rumorosa, García y otros campesinos comparten sus historias en el refugio Maná de la ciudad de Mexicali.

En las literas de ese lugar suelen dormir migrantes heridos o deportados, pero hoy descansan campesinos como Adrián Chagala Reyes, de 24 años, cuyo cráneo desfigurado y cocido a puntadas de hilo azul reflejan la brutalidad del accidente y la pobreza extrema.

"Llevaba tres días sin comer y el que nos ofreció la chamba dijo que iba a pagar bien. Íbamos re contentos ", recuerda Adrián.

La tragedia cruzó la frontera. El hermano de Juan de Dios López Bautista, supuesto chofer del autobús, hoy en estado de coma, dejó todo en Oregon para llegar hasta el refugio Maná, y entre los que murieron Jesús Chirino Fuertes, de 28 años, no conoció a su hijo que nació en Los Ángeles, California.

Los ahorros sólo alcanzaron a pagar el "coyote" de la esposa de Jesús, por lo que el viaje al Rancho San Pablo, en Culiacán, Sinaloa, donde trabajarían cortando tomate y chile, era con la esperanza de ahorrar dinero y cruzar la frontera, platica María Luisa Hernández, abuela de Jesús.

María del Refugio Velásquez escucha atenta la plática, sus ojos están hinchados de llanto. Es la inquilina más nueva en Maná y llegó sólo para esperar que el cuerpo de su hija Elfega Ramírez abandone la morgue.

Lleva en sus manos una carpeta azul con las radiografías de huesos y cráneos de tres pequeños, Alejandra, de 5 años; Adrián, de 4, y Anita, de 2, los hijos de Elfega que viajaban con ella y a los que conoció por primera vez.

"Se me fue chamaca con el novio y no hablaba, no hablaba. Un año ‘apena’ llamó y dijo ‘ama, estoy muy lejos pero un día nos vamos a volver a ver", narra ahogada en llanto.

"Los niños luego luego me abrazaron y me decían, ‘abuelita cayó camión, cayó camión’. Los pobrecitos ni saben todavía que su madrecita se murió", llora María.

A 90 millas de distancia, en la morgue de Tecate, ataúdes en azul claro, rosa y blanco marcados con grandes números negros, 5, 12, 7, identifican a las víctimas.
Los cuerpos fueron tantos que tuvieron que practicárseles las autopsias en el suelo, narra el doctor Alberto Lozano, director del Servicio Médico Forense (Semefo) de Tecate.

"No estábamos preparados para una situación de esta magnitud. Los cuerpos salieron disparados por las ventanas, llegaron poli fracturados, con el cráneo aplastado por las piedras", recuerda el doctor Lozano.

Las autoridades investigan las causas del accidente. El reporte 01/2010 de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PHD) exige a la Secretaría de Transporte que indague a la línea de autobuses y las condiciones de la unidad en la que viajaban los jornaleros agrícolas.

Además, de acuerdo con la investigación previa, los campesinos carecían de seguridad médica, un requisito por ley para todo trabajador mexicano.

Heriberto García García, titular de la PHD, dijo a La Opinión que formarán brigadas de investigación para rastrear a las compañías que no cumplen con los requisitos de seguridad social para los trabajadores del campo.

Sin embargo, hasta hoy la Procuraduría estatal no ha fincado responsabilidad penal para nadie y tampoco ha obligado al pago de indemnización.

Las autoridades han asumido los gastos de entierro. En el refugio Maná, a los sobrevivientes no los ilusiona la promesas de justicia; dicen que nunca la han conocido.